Corría el año 2002 y Argentina buscaba asomar la cabeza luego de terminar un 2001 inmerso en la que fue, quizás, la peor crisis económico-financiera de su historia. Miles de ahorristas se habían presentado a reclamar en contra del Corralito, la medida que había anunciado el exministro de Economía de Fernando De la Rúa, Domingo Felipe Cavallo, que implicaba una restricción del movimiento de dinero de las cuentas bancarias. Uno de estos reclamos había llegado a la Corte Suprema, per sáltum mediante: se trató del de Carlos Antonio Smith.
A partir del “fallo Smith”, que tuvo lugar el 1° de febrero de 2002, el Máximo Tribunal dictaminó la inconstitucionalidad del Corralito y sentó un precedente. Muchas crónicas de la época definieron la decisión de la Corte Suprema como “sorpresiva”, aunque otros la enmarcan dentro de una batalla que existía entre los magistrados y el gobierno de Eduardo Duhalde.
Irina Hauser, de Página 12, escribió en aquella época una nota titulada "Una declaración de guerra suprema", en la cual afirmaba: "La Corte Suprema le declaró la guerra al Gobierno. Lo hizo con un fallo que le da la razón al reclamo de los ahorristas que piden que se libere el corralito pero que es, en los hechos, impracticable y empuja al Poder Ejecutivo al abismo".
El fallo fue contundente: 6 jueces votaron a favor (Julio Nazareno, Eduardo Moliné O''Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Carlos Fayt) y tres se abstuvieron. Cinco de los jueces que apoyaron el reclamo del ahorrista formaban parte de lo que se conoció como “la mayoría automática menemista”, es decir, aquellos que cargaban con la acusación de tener un voto siempre en favor de las necesidades del Carlos Saúl Menem, quien había precedido a Fernando De la Rúa.
Un año más tarde llegó el “fallo Provincia de San Luis”, en el cual el distrito cuyano le ganó una demanda en la Corte al Banco Nación y consiguió el reintegro de sus fondos depositados en moneda estadounidense
“Si hay algo que ha caracterizado la historia institucional argentina es la presencia de ‘emergencias’, tanto institucionales como económicas. El Corralito representa la más extrema versión de una emergencia económica”, afirmó el constitucionalista Antonio María Hernández, quien en aquel entonces presidió el Foro de Abogados Contra el Corralito.
En sintonía con esta crítica a las leyes de emergencia, el jurista añadió: “Las cámaras federales confirmaron el accionar de los jueces federales de primera instancia y, finalmente, la Corte dio una respuesta importantísima, tanto en el caso Smith y como en el Provincia de San Luis, que bajo el punto de vista constitucional se inscriben en la mejor jurisprudencia que ha tenido el Tribunal Supremo en materia de emergencias”.
Si bien Hernández es muy crítico de algunos fallos que salieron años más tarde y que permitieron avalar la constitucionalidad de la pesificación de los ahorros en dólares (el caso más emblemático es el fallo Massa en 2006), aseguró que aquellas sentencias de 2002 y 2003 abrieron la posibilidad de que centenares de ahorristas obtuvieran medidas cautelares a favor y pudieran recuperar sus ahorros.
No obstante, consideró que el fallo Massa, que fue dictaminado por la Corte Suprema ya modificada por Néstor Kirchner, fue una "gravísima jurisprudencia”, en tanto avaló al Corralón.
Precisamente, Corralón fue el nombre con el que se conoció popularmente una decisión de Duhalde que agravó la situación de los ahorristas, puesto que los depósitos en dólares se pesificaban a $1,40, mientras que el tipo de cambio había superado los 4 pesos tras la salida de la convertibilidad.
Epoyepa. A 17 años del fallo Smith, Antonio Hernández considera que este “logro” significó una “epopeya” para aquellos abogados que presentaron amparos en favor de los ahorristas y que dio lugar a que muchas personas pudieran recuperar lo que habían depositado en dólares. “Decenas de personas murieron en los reclamos contra los bancos. Centenares recibieron afecciones psíquicas. Cuando a un cliente uno le informaba que tenía la orden de un juez federal para ir a recuperar los dólares que había depositado antes, yo le puedo asegurar que la reacción terminaba en un grado de emoción que incluía el llanto”.
El corralito finalizó oficialmente el 2 de diciembre de 2002, cuando el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció que se liberaraban los depósitos retenidos por alrededor de 21.000 millones de pesos. No obstante, la medida fue acompañada de controles cambiarios, por los cuales no se permitió a ninguna persona o empresa adquirir más de 100.000 dólares.
De todas formas, los reclamos judiciales continuaron durante años, por parte de ahorristas que reclamaban que se les devolviera lo que habían depositado, en dólares.
El 28 de diciembre de 2006 la Corte Suprema emitió el mencionado fallo Massa, que de alguna forma avaló la pesificación y reprogramación de los depósitos, ordenando la devolución de los fondos a razón de $ 1,40 por dólar depositado, más la inflación minorista que hubo en el período, más una tasa de interés anual del 4%.. El resultado de esa cuenta arrojaba la devolución de $ 3,08 por dólar depositado. Algunos de los ahorristas que no habían podido retirar su dinero en divisa extranjera debieron tomar este camino.
“El Corralito y el Corralón significaron lesiones muy severas y tuvieron consecuencias como la pesificación”, rememora Hernández quien, de todas maneras, recuerda con emoción los fallos favorables a los ahorristas.
